Hace algunas semanas el presente gobierno cruzó la barrera imaginaria de los cien días. Es inverosímil pensar que en poco más de tres meses, se pretenda arreglar el caos heredado por un régimen caracterizado por el autoritarismo y la corrupción, poniendo la institucionalidad al servicio del narcotráfico y el crimen organizado a gran escala; sin embargo, se pueden vislumbrar, en líneas gruesas las intenciones impulsadas por casa presidencial, y donde la discapacidad y las Personas Con Discapacidad no estamos entre las primeras cinco prioridades.
El 27 de enero las expectativas de la población hondureña en general y de las personas con discapacidad en particular, se bañaron de esperanza, optimismo y una sobredosis de ingenuidad. Muchos y muchas aplaudimos de pie cuando la presidenta en la histórica toma de posesión, en el apartado 13 decía textualmente: “Adultos mayores, personas viviendo con discapacidad, niñez y juventud, pueblos indígenas, afrodescendientes y comunidad LGBTI. Todos tendrán un lugar de atención precisa dentro de mi gobierno”. Aquellos treinta y dos segundos fueron suficientes para pensar que la Honduras inclusiva estaba por amanecer. Quimeras y sueños, de todas maneras, son gratuitos y alimentan el “alma”.
Dicen en el pueblo: “que la fiesta se conoce por la víspera”. en los primeros días de febrero, a menos de una semana después de haberse instalado el historiador José Carlos Cardona como regente de la extinta Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social, SEDIS; se nombraba sin la menor pisca de consulta entre rumores, dudas y preocupaciones a la titular que atendería la problemática del sector organizado de personas Con Discapacidad y sus familias.
Los diálogos entre sociedad civil y gobierno comenzaron, el cortejo y el idilio terminó más rápido que novela mexicana, y fue así como después de varias rondas de acuerdos improductivos, de planteamientos erráticos y de una desgastante espera, el 24 de mayo se plantó un grupo de organizaciones lideradas por CIARH y otros espacios de coordinación con el acompañamiento de CONADEH para plantear demandas que aún están vigentes.

Un gobierno que se presea de priorizar los derechos de las poblaciones más excluidas, que es miembro del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas y que busca deslindarse de las acciones presididas por Juan Orlando Hernández, debe responder algunas reflexiones. Y es que Sin una aplicación real de los derechos de las personas con discapacidad cualquier narrativa respecto a la integración es también un accionar ficticio y responde al momento actual en el que priman las apariencias donde se diluye la esencia del Estado, “el bienestar de la persona humana”.

El gobierno de millennials que preside la presidenta Xiomara Castro tiene como tarea imperiosa ir del reconocimiento normativo al ejercicio, de las ideas dictadas a la discusión y al debate, del verbalismo vacío a las acciones. Es creciente el abismo entre teoría y práctica, entre norma y realidad, entre lo que se dice y lo que se hace, entre mitos y realidades, que en gran medida reflejan las propias contradicciones del sistema excluyente.
La mesa técnica para instalarse por SEDESOL y sociedad civil, con el acompañamiento de la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos y la veeduría de naciones unidas constituye una enorme oportunidad para construir una hoja de ruta oportuna que permita reivindicar la palabra ofrecida en las promesas del gobierno de la esperanza.
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